Paro armado en Chocó: población civil bajo el asedio

El paro armado anunciado en Chocó por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llegó a su fin el 5 de mayo, luego de tres días en que la población civil que habitó las inmediaciones del río Baudó se viera forzada a permanecer confinada y bajo total restricción de su libertad de circulación. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo,

fueron alrededor de 32.000 personas las afectadas, de 153 comunidades con autoridades étnico-territoriales reconocidas (127 de ellas son indígenas y 26 afrodescendientes). También podrán verse perjudicados niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores de las comunidades que habitan en los márgenes del río Baudó y sus afluentes. Sus derechos fundamentales a la salud, educación, trabajo, alimentación, entre otros, estarán en riesgo de ser vulnerados por la flagrante violación del derecho constitucional a la libre locomoción. (2025)

Este no es el primer evento de paro armado, pues, ya al inicio de este 2025, el ELN había impuesto uno con mayor alcance, afectando a más de sesenta mil personas en municipios como Alto San Juan, Sipí, Istmina, Tadó, Bojayá, Alto Baudó y Bajo Baudó (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, 2024). Esto, en medio de la disputa por el control territorial y de las economías ilícitas que se desprenden del narcotráfico, la explotación ilegal de los abundantes recursos minerales presentes en el departamento, así como la extorsión y el secuestro, teniendo como actores principales a grupos armados organizados como el ELN, las Disidencias de las FARC y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (también conocidas como Clan del Golfo). Estos agentes han incrementado su presencia y poder en distintas subregiones del Chocó, siguiendo la misma dinámica del Catatumbo, Norte de Santander, el norte del Cauca, el sur de Bolívar o el Bajo Cauca, en Antioquia.

Transformación del conflicto y situación de Chocó

La transformación del conflicto armado en Colombia a partir de 2016 no es producto de la casualidad o del azar. En realidad, es una consecuencia lógica y directa del proceso de negociación entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC. Con el desarme y desmovilización de este grupo, las autoridades y la sociedad civil en general, esperaban la disminución de la violencia, la estabilización de las regiones afectadas por la confrontación del Estado con esta guerrilla y, desde luego, la pacificación de estas.

Ciertamente, en los dos primeros años que siguieron a la firma de los Acuerdos de La Habana, se evidenció una menor intensidad de la violencia en diferentes zonas del país, pero el vacío de poder dejado por la desmovilización de aproximadamente catorce mil integrantes de las FARC, condujo muy pronto a la expansión y posicionamiento del ELN en regiones en las que otrora no tenía presencia ni suficiente capacidad de actuación, del mismo modo que se dio el surgimiento de grupos disidentes de las FARC que rechazaron los acuerdos suscritos, como La Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y los frentes Primero y Séptimo. De manera paralela, grupos como el Clan del Golfo han experimentado un crecimiento exponencial en los últimos siete años, logrando consolidar su presencia en 14 de 32 departamentos (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2024). De hecho, hoy en día, su pie de fuerza se calcula en 14.000 integrantes, es decir, más que el ELN y las disidencias.

Estos hechos son de gran relevancia para comprender la situación actual en Chocó, que se ha convertido en epicentro de la competencia entre las distintas organizaciones criminales. La presencia del ELN, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo en el departamento obedece a su interés por controlar los corredores estratégicos del tráfico de drogas hacia el Pacífico chocoano, de igual forma que ocurre en el puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, y en Tumaco, Nariño. Así, la estrategia de estas organizaciones consiste en asegurar el dominio de toda la costa pacífica, lo cual les permitiría la hegemonía en el negocio del narcotráfico, logrando al mismo tiempo un acceso más rápido y eficaz a los mercados de Estados Unidos y de la región de Asia-Pacífico. Y es que el paro armado impuesto por el ELN no tuvo otro propósito que controlar el río Baudó y sus afluentes, con el fin de transportar con mayor facilidad hacia el Pacífico la droga que produce. Ante esta situación, en los últimos meses ha habido una gran ofensiva por parte de las Fuerzas Militares, buscando debilitar no sólo a esta guerrilla, sino también a las demás estructuras criminales presentes en la región, dando de baja a numerosos integrantes del ELN y el Clan del Golfo en el Urabá antioqueño y chocoano, capturando a varios cientos de ellos e incautando varias toneladas de cocaína.

Sin embargo, frente a estos departamentos, el Chocó ha adquirido gran importancia en años recientes, pues su riqueza en recursos minerales es superior. A la minería legal a gran escala y a la artesanal tradicional, se suma hoy el fenómeno de la minería ilegal, practicada por los grupos armados, que han visto en ella un lucrativo negocio, aún mayor que el del narcotráfico:

Los depósitos aluviales de tantalio/niobio (coltán), tungsteno, platino, oro y tierras raras livianas se hallan en las cuencas de ríos que recorren los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó, donde la capacidad del Estado es espuria. Los únicos depósitos activos de platino en América Latina se sitúan en este país, en el departamento del Chocó, principalmente en el municipio de Condoto. (Rodríguez, Tosi Furtado y Altimiras Martin, 2019, p. 246)

Siendo el platino un recurso sumamente valioso para la industria automotriz, la fabricación de productos químicos, la joyería y el sector energético, se esperaría que su abundancia procurara al Chocó la suficiente riqueza como para ser irrigada en sus habitantes. Al contrario, este sigue siendo el departamento con mayor índice de pobreza del país, habiendo registrado un 67.7% en 2023 (DANE, 2024).

Considerando que la minería ilegal practicada por los grupos armados no favorece a la población civil y antes bien contribuye a la generalización de la violencia y la vulneración de sus derechos fundamentales, es posible afirmar que este negocio contribuye a una mayor victimización de la misma, pues ésta no ocurre únicamente a través del reclutamiento infantil, el desplazamiento forzado, el confinamiento o los asesinatos, sino también por un hecho de suma gravedad: La depredación y contaminación de los ecosistemas. La explotación intensiva del oro, el platino y el tantalio, implica la deforestación de vastos bosques cada año, y al mismo tiempo, la contaminación de ríos como el Atrato, el Baudó y el San Juan, deteriorando la calidad de vida y afectando la salud de los habitantes de los treinta municipios del departamento del Chocó.

La disputa entre el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC en la región y las acciones de estos grupos contra el Estado y la sociedad, no sólo han incrementado la violencia en la región en los últimos años. Además, ha crecido la pobreza y se ha hecho más visible la debilidad del Estado para imponerse sobre las diversas estructuras criminales y ofrecer seguridad como la principal garantía para la paz en el territorio. Ante el último paro armado, la reacción de las autoridades debe ser afirmativa, contundente y sin ambigüedades, para evitar nuevos hechos que condicionen los derechos y libertades de la ciudadanía en el Chocó.

Referencias

Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. (2024). Chocó vive una crisis humanitaria sin precedentes: 62 mil personas afectadas por confinamientos y 150 mil por causas climáticas. Recuperado de: https://codhes.org/2024/11/15/choco-vive-una-crisis-humanitaria-sin-precedentes/

Defensoría del Pueblo de Colombia. (2025). Paro armado en Chocó. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/web/guest/comunicados

Departamento Administrativo Nacional de Estadística. (2024). Pobreza monetaria y pobreza monetaria extrema. Recuperado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/pobreza-y-condiciones-de-vida/pobreza-monetaria

Heidelberg Institute for International Conflict Research. (2024). Conflict Barometer 2023. Recuperado de: https://hiik.de/wp-content/uploads/2024/12/coba23_v3.pdf

Lara Rodríguez, J.S., Tosi Furtado, A. y Altimiras Martin, A. (2019). Minería del platino y el oro en Chocó: pobreza, riqueza natural e informalidad. Revista de Economía Institucional. 22, 42 (nov. 2019), 241–268. DOI: https://doi.org/10.18601/01245996.v22n42.10.