Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes: una vulneración que interpela la memoria y la protección de la infancia

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes constituye una de las expresiones más graves de vulneración de los derechos humanos durante la infancia y la adolescencia. Su gravedad no reside únicamente en el acto que la produce, sino también en las relaciones de poder, confianza, dependencia o desigualdad que pueden posibilitarla, así como en las consecuencias que puede generar sobre la vida individual, familiar y comunitaria. Comprender este fenómeno exige, por tanto, superar las aproximaciones que lo reducen a hechos aislados y reconocerlo como una problemática social que demanda prevención, protección, atención integral, justicia y garantías de no repetición.

La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual contra niños y niñas como aquella que comprende actos sexuales deliberados y no deseados, consumados o intentados, con o sin contacto físico, incluidos aquellos realizados con fines de explotación (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2026). Esta definición permite advertir que la violencia sexual no se limita a la agresión física ni puede ser identificada exclusivamente por la existencia de lesiones. También puede manifestarse mediante formas de acoso, exposición, utilización sexual, producción o circulación de material de abuso sexual infantil y otras prácticas que instrumentalizan el cuerpo y la dignidad de las personas menores de edad. En consecuencia, el reconocimiento temprano de las señales de violencia y la existencia de mecanismos eficaces de protección constituyen responsabilidades colectivas.

En este contexto, resulta necesario diferenciar la violencia sexual de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes (ESCNNA), aunque ambas pueden encontrarse relacionadas. La explotación sexual comercial implica la utilización sexual de una persona menor de edad mediante una transacción, intercambio o beneficio económico o de otra naturaleza. El Plan de Acción Nacional para la prevención y erradicación de la ESCNNA señala que enfrentar esta problemática requiere respuestas articuladas entre autoridades, instituciones educativas, organizaciones sociales, sistemas de justicia y comunidades (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF] et al., 2015). Por ello, la prevención no puede descansar exclusivamente en la capacidad de niñas, niños y adolescentes para identificar el riesgo: también exige transformar los entornos que permiten, toleran o invisibilizan estas prácticas.

Infancias atravesadas por relaciones de poder y desigualdad

La violencia sexual contra personas menores de edad ocurre en contextos diversos y puede ser perpetrada por personas conocidas o desconocidas. La OMS advierte que la violencia contra niños y niñas puede provenir de progenitores, cuidadores, pares, parejas sentimentales u otras personas, y que sus efectos pueden prolongarse durante toda la vida (OMS, 2026). Esta dimensión resulta fundamental porque cuestiona la idea de que el riesgo se encuentra exclusivamente fuera de los espacios cotidianos de socialización. La familia, la escuela, las instituciones, los espacios comunitarios y los entornos digitales tienen responsabilidades diferenciadas en la prevención y protección.

Las desigualdades sociales pueden, además, incrementar determinadas condiciones de vulnerabilidad. Situaciones asociadas con pobreza, exclusión, desplazamiento, violencia intrafamiliar, discriminación, ausencia de redes de apoyo o dificultades para acceder a servicios de protección pueden limitar las posibilidades de denunciar o recibir atención oportuna. Sin embargo, estas condiciones no deben interpretarse como causas individuales de la violencia ni trasladar la responsabilidad a las víctimas. La responsabilidad corresponde a quienes ejercen la violencia y a las instituciones y sociedades que tienen el deber de prevenirla, detectarla y responder ante ella.

El entorno digital ha incorporado nuevas dimensiones a esta problemática. En Colombia, la investigación Disrupting Harm, desarrollada por UNICEF, ECPAT Internacional e INTERPOL, encontró que uno de cada cinco adolescentes encuestados entre 12 y 17 años manifestó haber experimentado durante el último año alguna forma de abuso o explotación sexual facilitada por tecnologías digitales. El estudio tuvo como base una encuesta nacional representativa a 999 adolescentes y sus familias, complementada con entrevistas a especialistas (UNICEF, ECPAT International & INTERPOL, 2026). Este resultado evidencia la necesidad de comprender la protección de la infancia también desde los escenarios digitales, donde las fronteras entre espacios públicos y privados adquieren nuevas características.

Memoria, conflicto armado y afectaciones a la niñez

La violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes adquiere una dimensión particularmente compleja cuando se inscribe en contextos de conflicto armado. El Informe Final de la Comisión de la Verdad documentó las afectaciones sufridas por la niñez y la adolescencia durante el conflicto colombiano a partir de miles de testimonios, informes y casos. La investigación mostró que las experiencias de niñas, niños y adolescentes estuvieron determinadas, entre otros factores, por condiciones territoriales, étnicas, de sexo y género y por la presencia de diferentes actores armados (Comisión de la Verdad, 2022).

Desde una perspectiva de memoria, reconocer estas experiencias significa comprender que las violencias contra la infancia no desaparecen necesariamente cuando cesa el hecho que las produjo. Pueden permanecer en los cuerpos, las relaciones familiares, las trayectorias educativas, los proyectos de vida y las memorias comunitarias. Por ello, escuchar y reconocer las voces de quienes fueron afectados constituye una dimensión fundamental del esclarecimiento histórico. La Comisión de la Verdad subraya que reconocer lo sucedido a niñas y niños durante el conflicto fue necesario para contribuir a la verdad, la convivencia y la no repetición (Comisión de la Verdad, s. f.).

La memoria, en este sentido, no puede convertirse en una exposición permanente del sufrimiento. Debe contribuir a reconocer la dignidad de las víctimas, comprender las condiciones que hicieron posibles las violencias y fortalecer las capacidades sociales e institucionales para impedir que vuelvan a ocurrir. Esto supone evitar la revictimización, proteger la identidad y privacidad de las personas menores de edad y garantizar que sus testimonios sean tratados desde una perspectiva de derechos.

Proteger la infancia como responsabilidad colectiva

La prevención de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes requiere respuestas integrales. No basta con fortalecer los mecanismos de denuncia después de ocurrido el daño. Es necesario desarrollar procesos de educación para la prevención, formación de familias y cuidadores, capacidades institucionales para la detección temprana, atención psicosocial, acceso efectivo a la justicia y mecanismos de protección que funcionen de manera coordinada.

El desafío también consiste en transformar aquellas representaciones sociales que naturalizan el silencio, responsabilizan a las víctimas o consideran estos hechos asuntos privados. UNICEF, ICBF y las organizaciones que participaron en el Plan de Acción Nacional han insistido en la necesidad de fortalecer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y generar condiciones que les permitan desarrollar proyectos de vida dignos (ICBF et al., 2015). Desde esta perspectiva, la protección no debe entenderse únicamente como una respuesta institucional ante el daño, sino como una responsabilidad permanente de la sociedad.

Recordar estas violencias implica, finalmente, asumir que la memoria tiene una dimensión ética y política: reconocer aquello que ocurrió, escuchar a quienes fueron afectados y transformar las condiciones que permitieron su ocurrencia. En el caso de niñas, niños y adolescentes, esa tarea adquiere una relevancia particular porque la garantía de sus derechos compromete no solo el presente, sino también las posibilidades de construir sociedades capaces de proteger la vida, la dignidad y los proyectos de futuro. La memoria de estas violencias, cuando se articula con verdad, reparación, protección y educación, puede convertirse en una herramienta para fortalecer las garantías de no repetición.

En este horizonte, el Museo Casa de la Memoria asume el compromiso de contribuir a la visibilización y comprensión de las violencias que han afectado a niñas, niños y adolescentes, promoviendo ejercicios de memoria que reconozcan su dignidad y eviten la naturalización, el silencio o la revictimización. Desde su labor misional, el Museo entiende la memoria como una herramienta para interrogar las condiciones sociales, culturales y políticas que han permitido la persistencia de distintas formas de violencia y para fortalecer una cultura de derechos humanos. Por ello, abordar las violencias sexuales contra la niñez y la adolescencia implica también contribuir a la construcción de narrativas que reconozcan a quienes han sido afectados como sujetos de derechos, fortalezcan la responsabilidad colectiva frente a su protección y aporten, desde la memoria, a la construcción de garantías de no repetición.

Referencias

Comisión de la Verdad. (2022). No es un mal menor: Niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado. Informe Final.

Comisión de la Verdad. (s. f.). Enfoque niñas, niños y adolescentes. Informe Final.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, UNICEF, Organización Internacional del Trabajo & Fundación Renacer. (2015). Plan de Acción Nacional para la prevención y erradicación de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ICBF.

Organización Mundial de la Salud. (2026). Violencia contra los niños. Organización Mundial de la Salud.

UNICEF, ECPAT International, & INTERPOL. (2026). Disrupting Harm in Colombia: Evidence on online child sexual exploitation and abuse. UNICEF Office of Research – Innocenti.