Nombrar las violencias contra personas LGBTIQ+ que durante años se han silenciado

Cada 17 de mayo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, se reactivan agendas institucionales, sociales y políticas orientadas a visibilizar las violencias que enfrentan las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Sin embargo, más allá de la conmemoración, esta fecha plantea una pregunta de fondo: ¿por qué ciertas violencias –y ciertas víctimas– han sido históricamente más difíciles de reconocer, documentar e integrar en la memoria del conflicto armado colombiano?

No se trata únicamente de una ausencia de registros. Se trata, más profundamente, de una dificultad estructural para nombrar estas violencias dentro de marcos sociales, jurídicos y culturales que durante décadas han privilegiado una comprensión heteronormativa de la guerra y de sus víctimas. Esta dificultad ha sido particularmente evidente en violencias motivadas por homofobia, transfobia y bifobia, que no siempre han sido leídas como parte del repertorio del conflicto armado, sino como hechos aislados o privados.

Víctimas que no encajaban en el relato de la guerra

Durante años, la narrativa dominante del conflicto armado en Colombia se estructuró alrededor de categorías como combatiente, campesino, líder social o víctima civil, sin incorporar de manera explícita las experiencias atravesadas por la orientación sexual o la identidad de género. Esta omisión no fue accidental. Como advierte la Comisión de la Verdad, las violencias contra personas LGBTIQ+ fueron sistemáticamente subestimadas porque “no encajaban en los marcos tradicionales de comprensión del conflicto” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 214).

En este sentido, la violencia no solo operó sobre los cuerpos, sino también sobre las posibilidades mismas de ser reconocidos como sujetos de daño. La exclusión simbólica precedió, y en muchos casos profundizó, la violencia material. Esta dificultad de reconocimiento no solo afectó la forma en que se narraron los hechos, sino también las posibilidades mismas de acceso a la justicia, la reparación y la construcción de memoria.

De hecho, en múltiples territorios, las violencias motivadas por prejuicio se expresaron en amenazas, desplazamientos forzados y agresiones físicas dirigidas a quienes transgredían normas de género impuestas por actores armados. Tal como lo recoge la Comisión de la Verdad a través de un testimonio: nos decían que teníamos que irnos porque dañábamos la imagen del pueblo (Comisión de la Verdad, 2022, p. 198), evidenciando cómo la homofobia y la transfobia operaron como mecanismos de control social.

No obstante, a diferencia de otras formas de victimización más “legibles” institucionalmente, las agresiones motivadas por prejuicio –como las llamadas violencias correctivas o ejemplarizantes– tendieron a diluirse en categorías genéricas como homicidio, desplazamiento o violencia interpersonal, lo cual produjo un doble efecto, por un lado, invisibilizó los móviles discriminatorios; y, por el otro, dificultó la construcción de respuestas diferenciadas desde el Estado.

El problema del subregistro como fenómeno político

Si bien en los últimos años se han producido avances significativos en el reconocimiento de estas violencias, el subregistro sigue siendo uno de los principales desafíos; pero reducirlo a un problema técnico sería insuficiente. El subregistro es, ante todo, un fenómeno político y social.

Informes recientes de organizaciones como Colombia Diversa han insistido en que la baja denuncia no responde únicamente al miedo individual, sino a la persistencia de entornos institucionales y sociales que no garantizan condiciones seguras para el reconocimiento de estas identidades (Colombia Diversa, 2025). En palabras de la organización, “la invisibilidad estadística no es ausencia de violencia, sino evidencia de barreras estructurales para nombrarla” (p. 37).

En esta misma línea, registros recientes indican que Colombia continúa siendo uno de los países con mayores niveles de violencia contra personas LGBTIQ+ en la región. Según datos de Colombia Diversa (2025), durante el último año se documentaron más de 150 homicidios de personas LGBTIQ+, con una afectación desproporcionada hacia mujeres trans, lo que evidencia la persistencia de violencias motivadas por prejuicio en contextos que trascienden el conflicto armado.

Esta afirmación resulta clave: lo que no se nombra no desaparece; se desplaza hacia zonas de mayor vulnerabilidad. En este sentido, el subregistro no solo oculta cifras, sino que delimita quién puede ser reconocido como víctima dentro del conflicto armado.

Además, en contextos de conflicto armado, donde los actores armados ejercieron control social y moral sobre los territorios, el reconocimiento público de identidades diversas podía implicar un riesgo adicional. Así, muchas víctimas optaron por el silencio como estrategia de supervivencia, lo que complejiza aún más los procesos de documentación y memoria. A pesar de que marcos normativos como la Ley 1448 de 2011 incorporaron el enfoque diferencial y de género, su implementación ha evidenciado límites en el reconocimiento efectivo de estas experiencias.

Entre justicia y reconocimiento: avances y tensiones

En el escenario actual, mecanismos de justicia transicional como la Jurisdicción Especial para la Paz han comenzado a incorporar enfoques diferenciales que reconocen las violencias basadas en orientación sexual e identidad de género. No obstante, este proceso no está exento de tensiones. Por un lado, existe un avance en la inclusión de estas experiencias dentro de los macrocasos y en la apertura de espacios de participación para víctimas LGBTIQ+; por otro, persisten desafíos relacionados con la producción de pruebas, la tipificación jurídica de los crímenes y la comprensión de los impactos diferenciales.

Lo anterior se conversa con lo señalado por Serrano-Amaya y Rueda (2024), “la justicia enfrenta el reto de traducir experiencias marcadas por el prejuicio en categorías jurídicas que históricamente no fueron diseñadas para captarlas” (p. 89). Por tanto, esta brecha entre experiencia vivida y lenguaje jurídico evidencia que el reconocimiento no es un proceso automático, sino una disputa constante.

Memoria como espacio de disputa

Más allá del ámbito judicial, la memoria se ha convertido en un escenario central para la visibilización de estas experiencias. No obstante, la inclusión de las memorias LGBTIQ+ también implica tensiones.

Incorporarlas no es simplemente “sumar nuevas voces” a un relato ya existente. Implica reconfigurar las preguntas mismas sobre la guerra, cuestionar los marcos desde los cuales se ha definido quién es víctima y problematizar las jerarquías implícitas en la producción de memoria. En otras palabras, no se trata únicamente de ampliar el archivo, sino de transformar los criterios desde los cuales se decide qué experiencias son inteligibles dentro de la memoria del conflicto.

En este sentido, las memorias LGBTIQ+ incomodan porque desestabilizan narrativas lineales del conflicto y obligan a reconocer que la violencia no operó de manera homogénea. Como advierte Butler (2024), “no todas las vidas han sido igualmente lloradas, y esa desigualdad también estructura la memoria” (p. 52).

Esta reflexión resulta particularmente pertinente en el contexto colombiano, donde la disputa por la memoria sigue siendo un campo abierto.

El lugar del Museo Casa de la Memoria en esta discusión

En este contexto, el Museo Casa de la Memoria orienta su labor a la producción y circulación de conocimiento sobre las múltiples violencias que han configurado el conflicto armado colombiano, así como a la activación de memorias históricamente excluidas de los relatos dominantes. Este trabajo no consiste en sumar dichas experiencias como un “enfoque adicional”, sino en interrogar las propias formas en que se ha narrado la guerra, particularmente cuando se trata de violencias basadas en la orientación sexual y la identidad de género.

Desde allí, el desafío implica reconocer que los procesos de documentación e investigación no han distribuido de manera equitativa la visibilidad de las víctimas, y que esa asimetría también se reproduce en los ejercicios de memoria. En consecuencia, el Museo busca poner en circulación memorias que han permanecido en los márgenes, contribuyendo a una comprensión más compleja del conflicto. En este horizonte, las experiencias de personas LGBTIQ+ permiten no solo evidenciar silencios y vacíos en las narrativas establecidas, sino también replantear críticamente quiénes han sido reconocidos como víctimas dentro de la historia del conflicto armado.

Referencias bibliográficas

Butler, J. (2024). The force of nonviolence: An ethic for a political world (Ed. actualizada). Verso.

Colombia Diversa. (2025). Informe sobre la situación de derechos humanos de personas LGBTI en Colombia 2024-2025. Colombia Diversa.

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2022). Mi cuerpo dice la verdad: Experiencias de violencia y resistencia de personas LGBTIQ+ en el conflicto armado. CEV.

Serrano-Amaya, J. F., & Rueda, M. (2024). Justicia, género y sexualidad en contextos transicionales. Revista de Estudios Sociales, 78, 75-95.