Minas antipersonales en Colombia: la guerra que aún permanece bajo tierra

En distintas zonas rurales de Colombia, el suelo sigue ocultando restos de la guerra. Bajo senderos que conectan veredas, parcelas agrícolas o caminos escolares permanecen enterrados artefactos explosivos capaces de activarse con el simple peso de un pie. Las minas antipersonales constituyen una de las expresiones más persistentes del conflicto armado colombiano: continúan amenazando la vida cotidiana de comunidades enteras incluso décadas después de haber sido instaladas; y siguen condicionando la relación de las personas con los territorios que habitan.

En muchas regiones del país, las comunidades las nombran de manera directa y contundente: “minas quiebrapatas”, una expresión del argot popular que alude a las amputaciones y lesiones graves que suelen provocar en quienes las pisan. El término, crudo pero preciso, refleja la dimensión corporal de una violencia que no distingue entre combatientes y población civil.

Estos artefactos están diseñados para detonar por presión, proximidad o contacto humano. Debido a su carácter indiscriminado – no distinguen entre combatientes y población civil- la comunidad internacional prohibió su uso mediante la Convención de Ottawa de 1997, un tratado que estableció la eliminación de este tipo de armas. No obstante, en el contexto del conflicto armado colombiano diferentes actores armados continúan empleando minas y artefactos explosivos improvisados como parte de sus estrategias de guerra, lo que prolonga sus efectos humanitarios mucho más allá de los enfrentamientos armados (Geneva International Centre for Humanitarian Demining [GICHD], 2014).

Una guerra que sigue produciendo víctimas

El registro oficial de víctimas de minas antipersonales en Colombia comenzó en 1991. Desde entonces, el país acumula una de las cifras más altas del mundo en afectaciones por este tipo de armas.

De acuerdo con la Acción Integral contra Minas Antipersonal, hasta diciembre de 2025 se han registrado 12.658 víctimas por minas antipersonales y munición sin explotar en el territorio nacional (AICMA, 2025).

Las cifras evidencian el carácter indiscriminado de estas armas. Del total de víctimas registradas, 59% corresponden a integrantes de la Fuerza Pública y 41% corresponden a población civil, incluyendo campesinos, niños y habitantes de zonas rurales (AICMA, 2025). Las consecuencias físicas suelen ser devastadoras. Aproximadamente el 81% de las víctimas ha sobrevivido con heridas graves o discapacidades permanentes, mientras que el 19% ha fallecido como resultado de la explosión (Unidad para las Víctimas, 2022). Las amputaciones, las lesiones neurológicas y los traumas psicológicos transforman de manera irreversible la vida de quienes sobreviven.

Este fenómeno alcanzó su punto más crítico a mediados de la década de 2000. El año 2006 registró 1.224 víctimas, la cifra más alta documentada en la historia del país (AICMA, 2025); y aunque los registros disminuyeron progresivamente durante la década siguiente, el problema no desaparece. Informes humanitarios recientes advierten que el uso de artefactos explosivos continúa generando víctimas en territorios donde persisten disputas armadas (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 2025).

Territorios donde la tierra se convierte en amenaza

La distribución geográfica de las minas antipersonales refleja la lógica territorial del conflicto armado colombiano. Estos artefactos fueron instalados principalmente en regiones rurales donde confluyeron corredores estratégicos, economías ilegales y disputas por el control del territorio.
Entre los departamentos históricamente más afectados se encuentran Antioquia, Meta, Nariño, Norte de Santander y Caquetá (Defensoría del Pueblo, 2024). A nivel municipal, territorios como Tumaco, Vista Hermosa, Tame, Tarazá y San Vicente del Caguán concentraron algunos de los registros más altos de afectación.
En total, al menos 499 municipios colombianos han registrado incidentes relacionados con minas antipersonales, lo que evidencia la amplitud territorial del fenómeno (Defensoría del Pueblo, 2024).

En estos territorios, la presencia de minas no solo produce víctimas directas. También transforma profundamente la vida cotidiana: comunidades enteras limitan su movilidad, abandonan parcelas agrícolas o restringen el tránsito por caminos tradicionales ante el riesgo permanente de detonación. De esta manera, la guerra continúa moldeando la relación entre las comunidades y su territorio.

Responsables y estrategias de guerra

Diversos actores armados han recurrido al uso de minas antipersonales a lo largo del conflicto colombiano. Investigaciones judiciales, informes humanitarios y registros institucionales señalan principalmente a las antiguas FARC-EP, el ELN, grupos paramilitares y, más recientemente, disidencias armadas y otros grupos ilegales como responsables de su instalación (CICR, 2021).

En particular, las FARC-EP incorporaron el uso de minas dentro de su estrategia militar como un mecanismo defensivo para proteger campamentos, corredores estratégicos y áreas vinculadas a economías ilegales. Estos artefactos se instalaron con frecuencia en senderos rurales, trochas utilizadas por comunidades campesinas o zonas cercanas a asentamientos guerrilleros.

El resultado fue que, espacios cotidianos como caminos escolares, parcelas agrícolas o rutas comunitarias, se convirtieron en zonas de alto riesgo para la población civil.

Tecnología precaria de una guerra prolongada

A diferencia de los conflictos interestatales, donde predominan minas industriales estandarizadas, en Colombia ha sido común el uso de artefactos explosivos improvisados de fabricación artesanal.

Estos dispositivos suelen elaborarse con materiales de fácil acceso: tubos metálicos, envases plásticos o recipientes improvisados que contienen explosivos industriales o pólvora. Para aumentar el daño causado por la detonación, frecuentemente se incorpora metralla (clavos, tornillos o fragmentos metálicos) que se dispersa violentamente con la explosión.

Testimonios de sobrevivientes y registros institucionales también documentan que algunos artefactos explosivos improvisados son contaminados con materiales orgánicos, incluyendo heces humanas o animales, junto con otros elementos como jeringas, grapas o balines. El propósito es incrementar el riesgo de infección en las heridas producidas por la explosión, de modo que, incluso quienes sobrevivan al estallido inicial enfrenten complicaciones médicas posteriores (Armada Nacional de Colombia, 2016).

En nada obsta aclarar que la fabricación artesanal no reduce su peligrosidad, por el contrario, la ausencia de estándares técnicos hace que estos artefactos sean altamente inestables y difíciles de detectar, lo que incrementa el riesgo tanto para la población civil y los combatientes, como para los equipos encargados de su eliminación (GICHD, 2014).

Desminar el territorio: avances y desafíos

Frente a esta realidad, el desminado humanitario se convirtió en una prioridad dentro de las políticas de construcción de paz en Colombia. El Acuerdo Final de Paz firmado en 2016 incluyó compromisos específicos para acelerar la identificación y eliminación de minas antipersonales en el territorio nacional.
Según la política de Acción Integral contra Minas Antipersonal, el objetivo del desminado humanitario es liberar las tierras de la contaminación por artefactos explosivos para restituir el derecho al uso seguro del territorio (AICMA, 2024).

Durante la última década se han registrado avances importantes. De acuerdo con datos oficiales, 533 municipios han sido declarados libres de sospecha de minas, 92 municipios continúan en intervención mediante operaciones de desminado y más de 25 millones de metros cuadrados de territorio han sido liberados de contaminación por artefactos explosivos (AICMA, 2025). Sin embargo, estas cifras existen también historias humanas que evidencian la dimensión cotidiana del desminado. Los equipos de desminado humanitario, integrados por unidades especializadas de la Fuerza Pública, organizaciones civiles y cooperación internacional, trabajan durante meses e incluso años, para liberar áreas contaminadas mediante operaciones manuales que avanzan metro a metro. En muchos casos, este trabajo se realiza en estrecha relación con las comunidades rurales, cuyos testimonios y memorias sobre los lugares donde se instalaron los artefactos resultan fundamentales para identificar zonas de riesgo.

En algunos territorios, la presencia de estos equipos ha significado también el inicio de procesos de retorno y recuperación del territorio por parte de las comunidades. Como señala un desminador humanitario citado en procesos de desminado realizados en Antioquia: “Es muy satisfactorio ver cómo, a medida que se desmina, los campesinos regresan a su tierra y agradecen la labor” (Unidad para las Víctimas, 2017).

Cada mina destruida representa, por tanto, algo más que la eliminación de un artefacto explosivo; también abre la posibilidad de que caminos, parcelas agrícolas y espacios comunitarios vuelvan a ser transitados sin miedo, permitiendo que las comunidades recuperen gradualmente su relación cotidiana con el territorio.

No obstante, el proceso enfrenta desafíos persistentes. Autoridades y organismos humanitarios advierten sobre la recontaminación de algunos territorios con nuevos artefactos explosivos instalados por grupos armados ilegales, lo que demuestra que la amenaza sigue vinculada a dinámicas activas del conflicto armado (CICR, 2025).

Memoria, víctimas y garantía de no repetición

Las minas antipersonales representan una de las formas más prolongadas de violencia armada. A diferencia de otras armas, su impacto no termina cuando cesan los enfrentamientos, sino que permanece enterrado en el territorio y continúa afectando la vida cotidiana de las comunidades. En este sentido, el desminado humanitario no es únicamente una operación técnica, también constituye un proceso de reconstrucción territorial que permite recuperar caminos, parcelas y espacios comunitarios que durante años han sido transformados por la guerra.

Hablar de minas antipersonales en clave de memoria implica reconocer que el conflicto armado colombiano ha dejado huellas profundas tanto en los cuerpos de las víctimas como en los territorios que habitan. Cada terreno liberado de artefactos explosivos representa la posibilidad de volver a caminar, sembrar y transitar sin miedo en lugares donde la guerra permaneció oculta bajo la tierra.

Referencias bibliográficas

Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). (2024). Política nacional de acción integral contra minas antipersonal. Gobierno de Colombia.
Acción Integral contra Minas Antipersonal (AICMA). (2025). Estadísticas nacionales de víctimas por minas antipersonal y municiones sin explotar. Gobierno de Colombia.
Armada Nacional de Colombia. (2016). La vida me dio otra oportunidad: testimonios de sobrevivientes de minas antipersonal. Ministerio de Defensa Nacional.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2021). Retos humanitarios en Colombia: armas explosivas y conflicto armado. CICR.
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2025). Informe humanitario sobre la situación de las minas antipersonal en Colombia. CICR.
Defensoría del Pueblo. (2024). Alertas tempranas y afectación territorial por minas antipersonal en Colombia. Defensoría del Pueblo.
Geneva International Centre for Humanitarian Demining (GICHD). (2014). Improvised mines and explosive devices in armed conflicts. GICHD.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2017). Desminado en Concepción (Antioquia) favorece la reparación de víctimas retornadas. Gobierno de Colombia.
Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2022). Impactos humanitarios de las minas antipersonal en Colombia. Gobierno de Colombia.