Los ataques a instituciones educativas en Colombia

como violación del Derecho Internacional Humanitario

Los ataques a instituciones educativas en Colombia como violación del Derecho Internacional Humanitario

Durante el primer cuarto del siglo XXI, los conflictos de carácter intraestatal o intrasocietal se han incrementado e intensificado, en contraste con las confrontaciones entre estados, que desde finales de la década de 1990 han tendido a disminuir (Heidelberg Institute for International Conflict Research, 2024). Este es un signo de la transformación de la conflictividad en el escenario internacional de la Posguerra Fría, cuando las crisis políticas internas en Europa del Este, el Medio Oriente, África Central y Subsahariana o América Latina desembocaron en el colapso de la autoridad estatal, el consecuente vacío de poder y, con frecuencia, en enormes tragedias humanitarias como la de Ruanda, en 1994, cuando aproximadamente un millón de personas fueron asesinadas, o la de Bosnia-Herzegovina en 1995, con la masacre de Srebrenica, en la que murieron más de 8.000 civiles por parte de las fuerzas serbobosnias (Kaldor, M. 2001, p. 42). Paralelamente a estos hechos, el desplazamiento y la desaparición forzada, la tortura, el reclutamiento de civiles, las acciones terroristas, los atentados contra el medio ambiente y demás acciones violatorias del Derecho Internacional Humanitario, se generalizaron y difundieron por todo el mundo en los últimos treinta años, al punto de que en el debate actual se cuestiona la validez y eficacia de las instituciones, normas y herramientas que buscan regular la conducción de la guerra y, al mismo tiempo, humanizarla.

En medio de esta realidad, se encuentra Colombia, que, durante los años 1990 y 2000, sufrió el escalamiento del conflicto armado interno, por la incapacidad del Estado de neutralizar a los grupos armados que le disputaban el poder y el control del territorio, así como de brindar seguridad y protección a la población civil, para evitar que ésta fuera blanco de su accionar. Pues bien, a pesar de haberse dado un cambio positivo durante los primeros años que siguieron a la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-FARC, con una relativa disminución de la violencia directa por parte de este grupo al margen de la ley, nuestro país ha vuelto a vivir episodios similares a los ocurridos entre 1996 y 2003, con los civiles como objetivo directo de grupos armados como el ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, numerosas organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico y otras actividades ilegales, como también de la fuerza pública.

Los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país. La fuerza pública y la administración de justicia no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado el desmantelamiento de los grupos armados. Al día de hoy, el Clan del Golfo tiene presencia en 392 municipios; el ELN, en 232, y las disidencias de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022 (Human Rights Watch, 2025).

La escuela: objetivo directo de la guerra

La histórica debilidad del Estado colombiano para garantizar el derecho a la vida, la seguridad y la protección de la población civil, se hace evidente en las regiones con mayor presencia de grupos armados ilegales, que ocupan su lugar y ejercen control territorial, construyen su propia infraestructura y dominan la dinámica económica y social (o la obstruyen). En el caso de la educación, resulta natural que allí donde se libra con especial dureza e intensidad el conflicto armado, la satisfacción de este derecho y el funcionamiento de las instituciones dedicadas a tal fin, resultan casi imposibles.

En junio de 2025, la ONG Consejo Noruego para Refugiados (NRC, por sus siglas en inglés) publicó el reporte Colombia: un ataque a la educación cada tres días, en el que se advierte sobre los riesgos y afectaciones que enfrentan los civiles en el conflicto, en particular las niñas, niños y adolescentes en zonas rurales de diferentes regiones, por los ataques indiscriminados de todos los actores armados contra establecimientos educativos.

El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) registró un total de 52 ataques a la educación en Colombia en el primer semestre de 2025. Esta cifra representa un alarmante promedio de un ataque cada tres días en seis departamentos del país donde la organización tiene presencia. NRC reitera su llamado urgente a las instituciones estatales y a la comunidad internacional para que aceleren sus esfuerzos para detener esta tendencia y garantizar la seguridad de las instalaciones educativas antes de que sea demasiado tarde. Desde enfrentamientos armados y el uso militar de escuelas hasta la presencia de minas antipersonal o el reclutamiento forzado, múltiples amenazas continúan poniendo en riesgo la vida de niñas, niños, maestros y otro personal en las escuelas (Consejo Noruego para Refugiados, 2025).

Además, esta organización documentó que alrededor de 9.600 personas se han visto perjudicadas por estos ataques en escuelas y sus alrededores, representando un aumento del 61 % frente al mismo período de 2024. Estudiantes, docentes y personal administrativo han padecido la vulneración de sus derechos fundamentales a la vida, la integridad personal y a la educación, en situaciones que comprenden desde la utilización de las instalaciones educativas para el combate, el aprovisionamiento y refugio, hasta el acopio de municiones y material explosivo, como por ejemplo, minas antipersona, acciones todas éstas violatorias del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en concreto, de principios rectores como el de distinción y el del Derecho de Ginebra, que disponen la protección de la población civil y exigen su exclusión de la confrontación. Acerca de esta cuestión, la Asamblea General de las Naciones Unidas Resolución 64/290, establece que todas las partes en los conflictos armados deben cumplir las obligaciones pertinentes derivadas del Derecho Internacional Humanitario y las normas internacionales de Derechos Humanos, incluido el respeto de los civiles, en particular de los estudiantes y el personal docente. Reitera, también, que las partes deben respetar los objetos civiles, como lo son las instituciones educativas (ONU, 2010).

 Desde luego, la realidad de los conflictos armados, propiamente del colombiano, se impone cada día y la población civil termina siempre involucrada y victimizada por los actores armados, tanto estatales como no estatales. Los hechos que denuncia el Consejo Noruego para Refugiados, no son una novedad ni constituyen un hecho aislado, sino al contrario, pues los ataques contra escuelas y colegios del país son muy frecuentes y condicionan el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, impidiéndoles asistir a sus clases por varios días e incluso semanas. Esto, de la mano de los confinamientos y desplazamientos que resultan de la confrontación armada en lugares como el Catatumbo, el Bajo Cauca antioqueño o el Norte del Cauca.

En 2020, el portal periodístico Rutas del Conflicto publicó el especial Colegios de la Guerra: Otras Víctimas del Conflicto Armado, llevando a cabo una exhaustiva investigación de hechos ocurridos entre 1990 y 2020, que tuvieron como blanco principal establecimientos educativos de todo el país. El trabajo distinguió entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares o de autodefensas, fuerza pública y grupos delincuenciales diversos, y clasificó las acciones de estos contra escuelas y colegios en cuatro categorías: Amenaza, ataque, toma y uso en operaciones. Según los autores,

La construcción de la base de datos partió de entender las tomas de espacios educativos por parte de actores armados como situaciones en las que utilizan escuelas y colegios para realizar sus operaciones. Esto comprende casos en los que los actores pernoctaron, es decir, pasaron la noche; utilizaron los espacios educativos para realizar operaciones como abastecimiento o acantonamiento; amenazaron a la población que acude a las instituciones; o hicieron uso de los espacios educativos como resguardo en medio de ataques entre actores armados. Los hechos registrados parten desde el año 1990 hasta el 2020. El período con más casos correspondió entre el 2002 y el 2010, pues el 47% de los hechos ocurrieron dentro de estos años (Bernal, D., Cetina A., y Parra, A. 2020).

De acuerdo con la base de datos, los ataques a las escuelas no se dan de la misma forma ni por las mismas razones. Algunas situaciones pueden corresponder a la ubicación estratégica de una escuela, otras a la posibilidad de reclutar menores y, en algunos casos, las instituciones educativas son de los pocos edificios de concreto existentes en las poblaciones y los actores armados las aprovechan para refugiarse en combate.

Con las realidades aquí descritas y los datos presentados, es posible afirmar que la escuela en el ámbito rural presenta unas condiciones de alta vulnerabilidad, por su ubicación (el conflicto ha tenido por escenario más los territorios rurales que los urbanos) y por la poca presencia y compromiso estatal en el desarrollo escolar, social y económico del campo.

La cuestión de la ausencia del Estado, o su débil presencia, es una constante, así como la vulneración del derecho a la educación ante la recurrencia del conflicto armado y la reproducción de sus lógicas. Así mismo, las deficiencias del sistema educativo inciden de manera significativa en esa falta de garantía del derecho a la educación, en particular por la escasa oferta de educación media, superior y tecnológica que permita potenciar las capacidades humanas y productivas y modelos pedagógicos inclusivos y pertinentes a las ruralidades. En el plano de la reparación y reconciliación, el Estado colombiano y sus instituciones han de reconocer el daño material, el daño sociocultural y el daño al proyecto de vida que ha sufrido la escuela en el entorno rural.

Referencias

Heidelberg Institute for International Conflict Research. (2024). Conflict Barometer 2023. Recuperado https://hiik.de/wp-content/uploads/2024/12/coba23_v3.pdf

Kaldor, M. (2001). Las nuevas guerras: violencia organizada en la era global. Tusquets Editores.

Human Rights Watch (2025). Informe Mundial 2025. Recuperado de https://www.hrw.org/es/world-report/2025/country-chapters/colombia          

Consejo Noruego para Refugiados (2025). Colombia: un ataque a la educación cada tres días. Recuperado de https://nrc.org.co/ultimas-noticias/colombia-un-ataque-a-la-educacion-cada-tres-dias/

Organización de las Naciones Unidas (2010). El derecho a la educación en situaciones de emergencia (Resolución 64/290). [Obtenido de  https://docs.un.org/es/A/RES/64/290]

Rutas del Conflicto (2020). Colegios de la guerra: otras víctimas del conflicto armado. Recuperado de https://rutasdelconflicto.com/especiales/escuelas/