Cuando lo privado se volvió político

Memoria, trabajo y resistencia femenina

A comienzos del siglo XX, miles de mujeres entraban a fábricas textiles antes del amanecer y salían cuando ya había oscurecido. Cosían durante horas prendas que ellas no usarían, bajo una supervisión estricta y con salarios paupérrimos que apenas alcanzaban para subsistir. Muchas eran migrantes, jóvenes, sostén de hogar. En esos espacios, marcados por la rutina industrial, comenzó a gestarse algo más que producción en cadena: surgieron conversaciones, inconformidades compartidas, organización. Cuando esas trabajadoras decidieron detener las máquinas y salir a la calle para exigir mejores condiciones laborales, no solo estaban reclamando salario o reducción de jornada; estaban ocupando el espacio público; estaban afirmando que su trabajo tenía valor y que su voz debía ser escuchada.

Estos procesos se desarrollaron en el contexto de las movilizaciones obreras de inicios del siglo XX en Estados Unidos y Europa, particularmente en el sector textil de Nueva York, donde las trabajadoras protagonizaron huelgas masivas entre 1908 y 1909. Posteriormente, en 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, la dirigente alemana Clara Zetkin propuso establecer una jornada internacional de mujeres trabajadoras para impulsar el sufragio femenino y los derechos laborales. La conmemoración comenzó a organizarse desde 1911 en varios países europeos y, tras las movilizaciones de mujeres en Petrogrado el 8 de marzo de 1917 (hecho que precedió la Revolución Rusa), la fecha quedó asociada definitivamente a esa jornada (Kaplan, 1982).

Volver sobre ese origen es, ante todo, un ejercicio de comprensión histórica. El Día Internacional de los Derechos de las Mujeres no surgió como una fecha abstracta, sino como resultado de disputas concretas por dignidad laboral y participación política. La costura y la fábrica fueron escenarios de explotación, pero también espacios donde empezó a tejerse una memoria de resistencia que se ha proyectado a lo largo del tiempo.

De la fábrica a las calles: cuando lo privado se volvió político

El carácter obrero del 8 de marzo no es un simple antecedente cronológico; es un punto de inflexión en la relación entre mujeres, trabajo y ciudadanía. La industria textil concentró, como pocos sectores, la transición de miles de mujeres del espacio doméstico al trabajo asalariado urbano. Este desplazamiento no implicó únicamente un cambio económico, sino una transformación en las formas de organización social y en la percepción pública del trabajo femenino.

Durante el proceso de industrialización, el empleo en fábricas textiles se feminizó rápidamente debido a la asociación cultural entre costura y “habilidad natural” femenina, pero esa feminización no le dio garantías a las mujeres, por el contrario, permitió a los empleadores justificar salarios más bajos y jornadas extensas bajo el argumento de que se trataba de un ingreso complementario, aun cuando muchas trabajadoras eran el principal sustento de sus hogares. Así, la contradicción entre la supuesta marginalidad económica del trabajo femenino y su centralidad real en la economía familiar generó tensiones que, con el tiempo, alimentaron procesos organizativos.

En ese contexto surgieron las huelgas textiles de comienzos del siglo XX, que dejaron en evidencia que el trabajo femenino no era apolítico ni secundario. Las demandas por reducción de jornada y condiciones seguras empezaron a articularse, de manera progresiva, con reclamos por representación y derechos civiles. Como ha mostrado la historiografía social, la experiencia compartida de explotación industrial produjo formas de solidaridad que trascendieron el taller y se proyectaron hacia el escenario público (Kaplan, 1982).

Ese desplazamiento fue decisivo. Las condiciones laborales dejaron de interpretarse como situaciones individuales y comenzaron a formularse como problemas estructurales. En otras palabras, lo que había sido considerado un asunto privado (el trabajo femenino y su precarización) ingresó al debate público. Ya no se trataba únicamente de mejores salarios, sino de disputar la definición misma de ciudadanía y el lugar de las mujeres en ella.

Este proceso no fue exclusivo de Europa o Estados Unidos. En América Latina, la expansión de la industria textil en el siglo XX replicó dinámicas semejantes. En países como México, Argentina y Colombia, el sector empleó a miles de mujeres jóvenes provenientes de zonas rurales o sectores populares urbanos. En esos espacios se consolidaron sindicatos, organizaciones y redes de apoyo que ampliaron el horizonte de derechos sociales. De este modo, el trabajo asalariado operó como plataforma de articulación política y como antesala de luchas posteriores por participación electoral y representación institucional.

Comprender esta secuencia histórica permite evitar una lectura meramente simbólica o conmemorativa del 8 de marzo. La fecha no nace únicamente de un evento puntual, sino de una transformación estructural, marcada por el ingreso masivo de mujeres al trabajo industrial, lo cual alteró el orden social y abrió una discusión sobre igualdad, derechos y poder que aún continúa vigente.

Avances y límites de la participación en política de la mujer en Colombia

En Colombia, el reconocimiento formal de derechos políticos para las mujeres fue relativamente tardío. El sufragio femenino fue aprobado en 1954 y ejercido por primera vez en 1957. Décadas después, la Ley 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas, estableció un mínimo del 30 % de participación femenina en cargos decisorios del Estado; y la Ley 1475 de 2011 fijó un porcentaje similar en listas para corporaciones públicas en determinadas circunscripciones. Sin embargo, la representación efectiva continúa siendo limitada.

De acuerdo con cifras oficiales de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, tras las elecciones legislativas de 2022 las mujeres ocupan alrededor del 29 % del Senado y el 28 % de la Cámara de Representantes. Aunque se trata de la cifra más alta en la historia del país, todavía está lejos de la paridad. A ello se suman obstáculos estructurales: menor acceso a financiación, redes partidistas tradicionalmente masculinas y manifestaciones de violencia política basada en género. En este sentido, la Misión de Observación Electoral, ha documentado casos de agresión, hostigamiento y deslegitimación contra candidatas y lideresas, especialmente en ámbitos territoriales.

La discusión actual, por tanto, ya no se limita al reconocimiento formal del derecho a participar, sino a las condiciones materiales y simbólicas que permiten ejercer el poder sin intimidación ni exclusión. La norma amplía el marco, la praxis revela sus límites.

Mujeres, conflicto armado y construcción de memoria en Colombia

En Colombia, la relación entre mujeres y memoria adquiere una dimensión particular debido al conflicto armado interno. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013), las mujeres han sido víctimas desproporcionadas de desplazamiento forzado, violencia sexual y despojo, pero también han desempeñado un papel central en los procesos organizativos posteriores.

El Registro Único de Víctimas reporta que más del 50 % de las personas registradas como víctimas del conflicto son mujeres (Unidad para las Víctimas, 2024). Esta cifra no solo evidencia una afectación diferenciada, también refleja la magnitud de su presencia en escenarios de verdad, justicia y reparación.

Desde asociaciones de familiares de desaparecidos hasta colectivos de mujeres desplazadas, la construcción de memoria ha sido una forma de resistencia. Como ha planteado Elizabeth Jelin (2002), la memoria constituye un campo de disputa en el que se definen sentidos sobre el pasado y horizontes de futuro. En Colombia, las mujeres no han ocupado ese campo únicamente como testigos, sino como productoras activas de relato y exigibilidad política.

En múltiples territorios, prácticas como el bordado, el tejido y la elaboración de arpilleras, han servido para documentar ausencias, narrar violencias y reconstruir lazos comunitarios. La aguja reaparece así, como herramienta de inscripción pública: lo que alguna vez fue trabajo precarizado se convierte en dispositivo de memoria y transmisión intergeneracional.

Tejer memoria, sostener el presente

El 8 de marzo recuerda que los derechos laborales y políticos de las mujeres tienen una genealogía concreta: la fábrica, la huelga, la organización colectiva. Al mismo tiempo, invita a reconocer que la memoria es un proceso en permanente construcción.

Desde las trabajadoras textiles que exigieron reducción de jornada hasta las mujeres que hoy lideran procesos de verdad y reparación en Colombia, existe una continuidad histórica: transformar la experiencia cotidiana en acción colectiva ha sido una forma de ampliar los límites de lo posible.

Conmemorar el Día Internacional de los Derechos la Mujer en un espacio como el Museo Casa de la Memoria implica asumir esa trayectoria con responsabilidad histórica. No se trata de un gesto simbólico, sino de reconocer que la construcción de memoria, en escenarios laborales, políticos o de conflicto armado, ha sido y continúa siendo una práctica pública en la que las mujeres han desempeñado un papel decisivo.

Referencias bibliográficas

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: Memorias de guerra y dignidad. CNMH.

Consejo Nacional Electoral. (2022). Estadísticas oficiales de participación electoral por género. Consejo Nacional Electoral.

Evans, R. J. (1977). The feminists: Women’s emancipation movements in Europe, America, and Australasia 1840–1920. Croom Helm.

Jelin, E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XXI Editores.

Kaplan, T. (1982). Female consciousness and collective action: The case of Barcelona, 1910–1918. Signs, 7(3), 545–566.

Misión de Observación Electoral. (2022). Informe sobre violencia política contra las mujeres en Colombia. MOE.

Registraduría Nacional del Estado Civil. (2022). Resultados electorales Congreso de la República 2022. Registraduría Nacional del Estado Civil.

Unidad para las Víctimas. (2024). Registro Único de Víctimas – Reporte estadístico. Gobierno de Colombia.