9 de abril: memoria para no repetir 

Lejos de constituir una efeméride meramente conmemorativa, el 9 de abril se ha consolidado en Colombia como un dispositivo ético, político y pedagógico que interpela de manera directa las formas en que la sociedad comprende su pasado violento y asume responsabilidades frente al presente. En efecto, el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado no solo convoca a recordar, sino que exige reconocer a las víctimas como sujetos de derechos y actores centrales en la construcción de democracia. 

Esta conmemoración fue instituida mediante el artículo 142 de la Ley 1448 de 2011, la cual establece que el Estado debe promover “actos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a la población” (Congreso de la República de Colombia, 2011, art. 142). En este sentido, la memoria es elevada a la categoría de derecho y, simultáneamente, a un mecanismo de reparación simbólica que contribuye a la dignificación de quienes han sufrido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

Ahora bien, la elección de la fecha remite a un acontecimiento fundacional en la historia contemporánea del país, el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948. Este hecho no solo desencadenó el denominado Bogotazo, sino que inauguró un periodo de violencia política sistemática que, con transformaciones y continuidades, se proyecta hasta el presente. Así, la conmemoración articula distintas temporalidades: por una parte, reconoce las raíces históricas del conflicto; por otra, sitúa en el centro las experiencias acumuladas de victimización a lo largo de más de siete décadas de conflicto.

 

En términos cuantitativos, la magnitud del fenómeno es elocuente. De acuerdo con el Registro Único de Víctimas, administrado por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, más de 9 millones de personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado (Unidad para las Víctimas, 2024). Sin embargo, como advierte el Centro Nacional de Memoria Histórica, “las cifras, aunque necesarias, no alcanzan a expresar la profundidad de los daños ni la complejidad de las experiencias vividas” (CNMH, 2013, p. 23). En consecuencia, el desafío no radica únicamente en dimensionar estadísticamente el conflicto, sino en comprender sus impactos diferenciados y persistentes en los planos individual, familiar, comunitario y territorial. 

En esta línea, diversos informes han documentado que las violencias ejercidas en el marco del conflicto, entre ellas el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, la violencia sexual y el despojo de tierras, han producido no solo pérdidas materiales, sino fracturas profundas en el tejido social. Tal como señala el CNMH (2013), el conflicto armado en Colombia “ha dejado una huella indeleble en la configuración de las relaciones sociales y en las formas de habitar el territorio” (p. 31). De ahí que la memoria no pueda reducirse a un ejercicio narrativo, sino que deba entenderse como una práctica orientada a la reconstrucción de vínculos y a la tramitación social del daño. 

No obstante, reducir el 9 de abril a una evocación del sufrimiento implicaría desconocer un elemento fundamental: la resistencia de las víctimas. En efecto, múltiples procesos organizativos han demostrado que, lejos de ocupar un lugar pasivo, las víctimas han sido protagonistas en la exigencia de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Como lo reconoce la Corte Constitucional de Colombia, las víctimas son “sujetos de especial protección constitucional y actores fundamentales en la construcción de paz” (Corte Constitucional, Sentencia C-250 de 2012). En consecuencia, la memoria se configura como un campo en disputa en el que convergen diversas narrativas, intereses y perspectivas. Esta pluralidad, aunque compleja, resulta indispensable para evitar la imposición de relatos únicos o hegemónicos que invisibilicen experiencias específicas. En palabras del CNMH (2018), “no hay una sola memoria del conflicto, sino memorias en tensión que reflejan la diversidad de trayectorias y afectaciones” (p. 45). Por consiguiente, el reto de las políticas de memoria consiste en generar condiciones para el diálogo, el reconocimiento mutuo y la construcción de sentidos compartidos sin borrar las diferencias. 

A su vez, la dimensión colectiva de la memoria adquiere especial relevancia en el marco de esta conmemoración. Los actos públicos, las intervenciones artísticas y las prácticas pedagógicas no solo buscan honrar a las víctimas, sino también activar procesos de reflexión social que contribuyan a la no repetición. En este punto, la Unidad para las Víctimas ha señalado que el 9 de abril constituye “un escenario para la construcción de memoria colectiva y el fortalecimiento de la solidaridad social” (Unidad para las Víctimas, 2023). 

Desde una perspectiva más amplia, recordar implica asumir una posición ética frente al pasado. No se trata únicamente de rememorar hechos, sino de interrogar las condiciones que hicieron posible la violencia y de comprometerse con su transformación. En este sentido, la memoria adquiere un carácter performativo: incide en la manera en que se configuran las relaciones sociales y en las decisiones que orientan el futuro. Como lo plantea el CNMH (2013), “la memoria es una herramienta para la acción, no un refugio en el pasado” (p. 27). 

En este horizonte, el papel de instituciones como el Museo Casa de la Memoria resulta fundamental. En tanto espacio de investigación, pedagogía y diálogo social, el Museo contribuye a la activación de memorias plurales y al reconocimiento de las experiencias de las víctimas desde una perspectiva crítica y situada. Su labor, en coherencia con los principios de la Ley 1448 de 2011, se orienta no solo a preservar relatos, sino a propiciar procesos de reflexión que incidan en la construcción de una cultura de paz. 

Así, en el marco del 9 de abril, el Museo reafirma su compromiso con una memoria que no se limite a la conmemoración, sino que se proyecte como herramienta de transformación social. Una memoria que, al tiempo que dignifica a las víctimas, interpela a la sociedad sobre sus responsabilidades y posibilidades de acción. En un país atravesado por profundas desigualdades y violencias históricas, la memoria se erige, entonces, como un imperativo democrático y un compromiso ineludible con el futuro. 

Referencias bibliográficas 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. CNMH. 

Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH). (2018). Memorias en tiempo de guerra: repertorio de iniciativas. CNMH. 

Congreso de la República de Colombia. (2011). Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. 

Corte Constitucional de Colombia. (2012). Sentencia C-250 de 2012. 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2023). Conmemoración 9 de abril: Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. 

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2024). Registro Único de Víctimas (RUV).