Violencia sexual en el conflicto armado: el cuerpo como escenario de poder

La violencia sexual en el conflicto armado colombiano no puede entenderse únicamente como una consecuencia colateral de la guerra. Durante décadas, y aún en medio de la continuidad del conflicto armado, diversos actores armados han recurrido a ella como mecanismo de control territorial, disciplinamiento social y dominación sobre comunidades enteras. En ese escenario, los cuerpos –particularmente los de mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas– se convierten en espacios de disputa y ejercicio de poder.

La Comisión de la Verdad ha señalado que la violencia sexual ha sido utilizada “para sembrar terror, imponer normas de comportamiento y castigar a quienes eran considerados enemigos o transgresores” (Comisión de la Verdad, 2022, p. 579). Lejos de tratarse de hechos aislados, múltiples investigaciones han documentado patrones sistemáticos asociados al control de territorios, la regulación de la vida cotidiana y el silenciamiento de comunidades sometidas a la presencia armada.

El impacto de estas violencias se encuentra atravesado, además, por profundas relaciones de desigualdad de género. En muchos casos, las agresiones sexuales operan como formas de reafirmación de poderes patriarcales preexistentes en los territorios. En ese sentido, el Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH advierte que “la violencia sexual en el conflicto armado se inscribe en un continuum de violencias contra las mujeres presentes también en tiempos de paz” (CNMH, 2017, p. 31). La persistencia del conflicto armado y de las desigualdades estructurales de género ha permitido, por tanto, que estas violencias continúen reproduciéndose en múltiples regiones del país.

Las cifras disponibles permiten dimensionar parcialmente la magnitud del fenómeno, aunque el subregistro continúa siendo una de las principales barreras para comprender su alcance real. De acuerdo con cifras del Registro Único de Víctimas – RUV, con corte al 1 de agosto de 2025, se registraban 47.476 víctimas de delitos contra la libertad y la integridad sexual en el marco del conflicto armado colombiano, de las cuales la mayoría corresponde a mujeres y niñas. Sin embargo, distintos organismos nacionales e internacionales advierten que la cifra real podría ser considerablemente mayor debido al miedo, la estigmatización, las barreras institucionales para denunciar y las dinámicas de control territorial ejercidas por actores armados.

Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP ha señalado que numerosos casos permanecen ocultos debido a la desconfianza institucional y a los riesgos que enfrentan las víctimas al denunciar. En esa misma línea, la Defensoría del Pueblo ha advertido que muchas personas afectadas continúan enfrentando temor a represalias, rechazo social y revictimización institucional. El silencio, en consecuencia, también ha hecho y sigue siendo parte de este tipo de violencia.

En numerosos territorios, denunciar implica exponerse nuevamente a amenazas, desplazamiento forzado o aislamiento comunitario. A ello se suman prejuicios culturales que trasladan la responsabilidad de los hechos a las víctimas y refuerzan dinámicas de culpabilización. Según ONU Mujeres (2020), las sobrevivientes de violencia sexual en contextos de conflicto suelen enfrentar “barreras estructurales para acceder a la justicia y al reconocimiento de sus derechos”, situación que profundiza escenarios de impunidad y exclusión.

En este punto, es importante resaltar que, la violencia sexual también afecta de manera diferenciada a personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. La Comisión de la Verdad documentó casos en los que actores armados han utilizado estas agresiones como mecanismos de castigo, persecución y control moral contra quienes desafían normas impuestas sobre el género y la sexualidad. Estas violencias han incluido amenazas, agresiones sexuales, desplazamientos forzados y otras formas de disciplinamiento social dirigidas contra personas LGBTIQ+ en distintos territorios del país.

Hablar de violencia sexual en el conflicto armado implica reconocer, además, que sus efectos trascienden el momento de la agresión. Las afectaciones físicas, psicológicas, familiares y comunitarias se prolongan durante años e incluso generaciones. El Comité Internacional de la Cruz Roja – CICR ha señalado que este tipo de violencia produce consecuencias duraderas sobre los proyectos de vida, los vínculos sociales y la participación comunitaria de las víctimas. En muchos casos, el daño se extiende al tejido colectivo mediante el miedo, el desplazamiento y la fragmentación de las relaciones comunitarias.

En ese contexto, los ejercicios de memoria adquieren una dimensión ética y política fundamental. Nombrar la violencia sexual, reconocer a las víctimas y disputar los silencios históricos que han rodeado estos hechos constituye una condición necesaria para la no repetición. Así entonces, la memoria no opera únicamente como reconstrucción del pasado; también funciona como mecanismo de cuestionamiento frente a las estructuras sociales, políticas y culturales que han permitido la reproducción de estas violencias.

Desde esa perspectiva, el trabajo adelantado por el Museo Casa de la Memoria se inscribe en una apuesta por la dignificación de las víctimas, la construcción de memoria pública y la generación de espacios de reflexión crítica sobre las múltiples violencias que han atravesado el país. Reconocer estas experiencias no significa reducir a las víctimas a su sufrimiento, sino reivindicar sus procesos de resistencia, sus luchas por la verdad y su papel en la construcción de garantías de no repetición.

La persistencia de estructuras armadas y de disputas territoriales en distintas regiones del país evidencia que la violencia sexual asociada al conflicto armado no constituye un fenómeno superado. Por el contrario, organismos nacionales e internacionales continúan advirtiendo riesgos para mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ en contextos donde actores armados ejercen control social y territorial.

Por ello, la dignificación de las víctimas exige algo más que actos simbólicos o conmemorativos. Requiere verdad, acceso efectivo a la justicia, reconocimiento institucional y transformaciones sociales capaces de desmontar las estructuras de discriminación y violencia que han permitido que el cuerpo continúe siendo utilizado como escenario de guerra y ejercicio de poder.

Referencias bibliográficas

Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad: Informe final. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición.

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2017). La guerra inscrita en el cuerpo: Informe nacional de violencia sexual en el conflicto armado. CNMH.

Comité Internacional de la Cruz Roja. (2022). Diez años acompañando a las víctimas de violencia sexual en Colombia. CICR.

Defensoría del Pueblo. (2023). Violencias basadas en género y conflicto armado en Colombia. Defensoría del Pueblo.

Jurisdicción Especial para la Paz. (2024). Auto de determinación de hechos y conductas sobre violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y otros crímenes cometidos por prejuicio. JEP.

ONU Mujeres. (2020). Hechos y cifras: Poner fin a la violencia contra las mujeres. ONU Mujeres. Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas. (2025). Violencia sexual contra mujeres y personas OSIGD en el marco del conflicto armado: cifras del Registro Único de Víctimas (RUV). UARIV.