Día internacional de la dignidad de las

víctimas de crímenes de Estado

Entre las múltiples formas de violencia que han marcado el conflicto armado colombiano, los crímenes de Estado, particularmente las ejecuciones extrajudiciales, constituyen uno de los episodios más graves y complejos de analizar desde el punto de vista institucional, jurídico y social.

Las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas falsamente como bajas en combate – conocidas en Colombia como falsos positivos– representan graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes estatales y se han convertido en un elemento central para comprender las dinámicas de la guerra, así como los desafíos contemporáneos de verdad, justicia, reparación y garantías de No Repetición.

Lejos de ser un fenómeno marginal, la documentación acumulada en los últimos años por instituciones judiciales y mecanismos de justicia transicional ha permitido dimensionar su magnitud. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado en el marco del Acuerdo Final de Paz de 2016, estableció que al menos 6.402 personas fueron asesinadas por miembros de la fuerza pública entre 2002 y 2008 y, posteriormente, presentadas como guerrilleros muertos en combate. Esta cifra, presentada oficialmente en 2021 y ratificada en los avances investigativos posteriores del Caso 03, triplica las estimaciones iniciales que manejaba la Fiscalía General de la Nación al inicio de las investigaciones, lo que evidencia no solo la magnitud del fenómeno, sino también la importancia de contrastar múltiples fuentes documentales, judiciales y testimoniales para esclarecer la verdad.

Y es que el período comprendido entre 2002 y 2008 concentra aproximadamente el 78% de los casos documentados de ejecuciones extrajudiciales, lo que sugiere una intensificación particular del fenómeno en esos años. Este patrón coincide con políticas institucionales que privilegiaron la medición del éxito militar mediante indicadores cuantitativos de resultados operacionales, entre ellos el número de bajas en combate. En ese contexto, diversos procesos judiciales y testimonios han documentado la existencia de incentivos dentro de algunas unidades militares que facilitó que civiles (por lo general, jóvenes provenientes de sectores rurales o de periferias urbanas en condiciones de vulnerabilidad) fueran asesinados y posteriormente presentados como combatientes abatidos. En este sentido, la investigación judicial y forense adelantada por la JEP ha permitido identificar patrones territoriales y operacionales que descartan la hipótesis de hechos aislados.

Las ejecuciones extrajudiciales han sido documentadas en al menos 31 departamentos del país, lo que evidencia un fenómeno extendido territorialmente. Entre las regiones con mayor número de investigaciones se encuentran Antioquia – particularmente en el Valle de Aburrá y municipios como Dabeiba y Granada-, Norte de Santander, la Costa Caribe, Huila, Casanare, entre otros territorios. La amplitud geográfica de los casos permite comprender que estos crímenes no afectaron únicamente a individuos aislados, sino que impactaron profundamente a comunidades enteras, generando fracturas sociales, desconfianza institucional y procesos prolongados de duelo y búsqueda de justicia.

En términos de responsabilidad judicial, el sistema de justicia transicional continúa avanzando en la identificación de autores y en el reconocimiento de las víctimas. En el marco del Caso 03 de la JEP, relacionado con las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, se han imputado responsabilidades a decenas de miembros de la fuerza pública y civiles vinculados a estas estructuras criminales. En 2025, por ejemplo, un tribunal transicional dictó sentencias contra 12 exsoldados por su participación en 135 ejecuciones extrajudiciales cometidas entre 2002 y 2005, imponiendo sanciones propias del sistema restaurativo, que incluyen trabajos de reparación en comunidades afectadas y el reconocimiento público de responsabilidad (Reuters, 2025; International Center for Transitional Justice, 2025).

Asimismo, investigaciones en curso han imputado a 39 militares y 2 civiles por la desaparición forzada y asesinato de 442 civiles en Antioquia entre 2004 y 2007, lo que constituye uno de los expedientes más significativos dentro de las investigaciones del tribunal (JEP, 2021). Paralelamente, el trabajo de esclarecimiento histórico adelantado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad ha permitido ampliar la comprensión del fenómeno dentro de una perspectiva histórica más amplia. Tras recoger más de 30.000 testimonios de víctimas, excombatientes y miembros de instituciones, la Comisión concluyó que las ejecuciones extrajudiciales constituyeron una práctica que se manifestó a lo largo de distintas etapas del conflicto armado, afectando principalmente a poblaciones marginadas cuyos derechos y dignidad fueron sistemáticamente vulnerados. De acuerdo con estimaciones comparativas de bases de datos históricas, si se amplía el período de análisis entre 1978 y 2016, podrían haberse registrado al menos 8.208 ejecuciones extrajudiciales atribuibles a agentes estatales, lo que ubica el fenómeno dentro de un contexto más amplio de violencia estructural en el país.

La persistencia de estos hallazgos ha generado también intensos debates públicos sobre las responsabilidades políticas e institucionales asociadas a estos crímenes. Mientras algunos sectores han cuestionado las cifras o relativizado su alcance, los procesos judiciales y los ejercicios de memoria histórica han insistido en la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva rigurosa basada en evidencia documental, peritajes forenses y testimonios de víctimas. En este sentido, los mecanismos de justicia transicional, particularmente la JEP, se han convertido en espacios fundamentales para la confrontación de versiones, el reconocimiento de responsabilidades y la construcción de una narrativa sustentada en pruebas verificables.

Desde esta perspectiva, la memoria histórica desempeña un papel central en los procesos de reparación simbólica y en la consolidación de garantías de no repetición. Instituciones defensoras de derechos humanos y de memoria como el Museo Casa de la Memoria han asumido el compromiso de visibilizar estos hechos con rigor investigativo y sensibilidad ética, promoviendo una comprensión crítica de los mecanismos institucionales, políticos y sociales que permitieron que civiles fueran asesinados por agentes del Estado. Más allá de la dimensión estadística, estos procesos han buscado restituir la dignidad de las víctimas, reconocer sus historias y fortalecer una conciencia colectiva sobre la gravedad de estas violaciones a los derechos humanos.

En un contexto en el que el conflicto armado colombiano continúa teniendo expresiones contemporáneas y el país sigue enfrentando múltiples desafíos en materia de violencia y construcción de paz, la preservación de la memoria se convierte en un componente fundamental de la democracia. La documentación rigurosa de los crímenes de Estado, el reconocimiento institucional de las víctimas y la consolidación de procesos judiciales independientes, constituyen elementos indispensables para evitar la negación histórica y para construir una sociedad capaz de enfrentar críticamente su pasado.

En ese sentido, la memoria de las ejecuciones extrajudiciales no se limita al registro de hechos ocurridos en el pasado. Por el contrario, constituye una herramienta ética y política orientada a fortalecer el respeto por los derechos humanos, a consolidar instituciones responsables ante la ciudadanía y a garantizar que prácticas de violencia estatal como las documentadas en el conflicto armado colombiano no vuelvan a repetirse.

Referencias

Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad: Informe final. Bogotá.

Fiscalía General de la Nación. (2023). Avances en investigaciones por ejecuciones extrajudiciales en Colombia. Bogotá.

International Center for Transitional Justice. (2025, septiembre 18). Sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz condena a 12 exmilitares por ejecuciones extrajudiciales. https://www.ictj.org/es/ultimas-noticias/sentencia-de-jurisdiccion-especial-para-la-paz-condena-12-exmilitares

Jurisdicción Especial para la Paz. (2021–2025). Caso 03: Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado. Bogotá.

Jurisdicción Especial para la Paz. (2021). Seis tenientes coroneles, 23 oficiales, ocho suboficiales, tres soldados y dos civiles reconocieron responsabilidad ante la JEP por crímenes en Antioquia. https://www.jep.gov.co

Reuters. (2025, septiembre 18). Colombia court sentences ex-soldiers to reparations work for executions. https://www.reuters.com