El impacto estructural del conflicto armado en la ruralidad colombiana: despojo, pobreza y resistencia

Introducción

El conflicto armado colombiano ha dejado impactos estructurales profundos en la ruralidad. Históricamente, las zonas rurales han sido epicentro de la confrontación armada, del despojo territorial y de una débil presencia estatal, lo que ha generado dinámicas de exclusión, pobreza e inequidad.

Pese a la firma del Acuerdo de Paz, la consolidación de una paz en el campo está lejos de ser una realidad. Hoy en día, persisten estructuras armadas que se disputan el control territorial en zonas estratégicas del país y las cifras demuestran las violaciones sistemáticas que día a día se padece en las zonas rurales de Colombia. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2025, en regiones como el Catatumbo, se han registrado más de 56.000 personas desplazadas, 27.000 con movilidad restringida y 32.000 confinadas, según reportes oficiales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD, 2025). Esta situación, sin duda alguna, impide el goce efectivo de derechos fundamentales, afecta los procesos de reincorporación y pone en riesgo los liderazgos sociales rurales. Este artículo ofrece una aproximación crítica y empírica al impacto del conflicto en la vida rural, incorporando cifras recientes y destacando las respuestas comunitarias frente a la adversidad.

Desplazamiento forzado y expulsión territorial

Comenzando por el desplazamiento forzado y la expulsión territorial, según cifras presentadas por la Unidad para las Víctimas, al 1 de marzo de 2024, el desplazamiento forzado había afectado a 8.630.545 personas, lo que representa aproximadamente el 17 % de la población colombiana (2024). Con el recrudecimiento de la violencia en algunas zonas del país, estas cifras aumentaron vertiginosamente para el primer cuatrimestre de la vigencia. Según informes de la Defensoría del Pueblo, en los primeros cuatro meses de 2025, se registraron 66.141 personas desplazadas y 11.490 confinadas en el Catatumbo, Norte de Santander. Además, se documentaron 30 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 2.492 familias (7.072 personas) y 28 eventos de confinamiento que impactaron a 5.079 familias (2025). La mayoría de estos eventos han ocurrido en zonas rurales, donde se ha generado una ruptura del arraigo territorial, la pérdida de bienes productivos y la fragmentación de las redes sociales comunitarias.

Un campo secuestrado y despojado de su dignidad

El desplazamiento, además de ser una consecuencia directa de la violencia, también ha sido una estrategia de reconfiguración del uso de la tierra y de control de corredores estratégicos por parte de los actores armados. En consecuencia, el conflicto armado ha llevado a una transformación significativa el sistema productivo rural del país, imponiendo lógicas de control territorial, sustitución de cultivos y restricciones a la movilidad. Estas condiciones, sumadas a la precariedad en infraestructura, acceso a crédito y asistencia técnica, han debilitado la capacidad agroproductiva del campesinado (CNMH, 2022).

Como consecuencia de lo anterior, diversas investigaciones han estimado que entre 6 y 8 millones de hectáreas han sido despojadas o abandonadas de manera forzada durante el conflicto (Centro Nacional de Memoria Histórica – CNMH, 2013). Aunque la Ley 1448 de 2011 ha permitido avances en la restitución de tierras, los resultados siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del fenómeno. A esto se suman las dificultades derivadas de la persistencia del conflicto en algunas zonas, la falta de garantías para el retorno y la ausencia de condiciones adecuadas para la reconstrucción del proyecto de vida campesino (Departamento Nacional de Planeación – DNP, 2023).

Perpetuación de la pobreza

La persistencia de diferentes fenómenos de violencia ha llevado a que el campo colombiano continúe presentando elevados índices de pobreza. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2024), en 2023 la pobreza monetaria en zonas rurales alcanzó el 41,2 %, frente al 33 % del promedio nacional; mientras que la pobreza extrema fue de 19,8 %, lo cual evidencia una situación de vulnerabilidad crítica. En términos de pobreza multidimensional, el 25,1 % de la población rural se encuentra en condición de privación simultánea de derechos, frente al 11,5 % en promedio nacional. Esta estructura desigual reproduce barreras históricas para el desarrollo rural, al limitar el acceso a servicios, tierra, educación y participación.

Un campo que resiste

Frente a estas condiciones adversas, las comunidades rurales han desplegado múltiples formas de resistencia. Experiencias de organización campesina, economías solidarias, redes agroecológicas, procesos de memoria histórica y prácticas comunitarias de cuidado del territorio, han demostrado una capacidad significativa para resignificar el espacio rural como lugar de vida, dignidad y transformación social (Comisión de la Verdad, 2022). Estas formas de resistencia no solo permiten confrontar las secuelas del conflicto, sino que también constituyen un insumo esencial para la construcción de una paz territorial, desde una perspectiva de justicia social, sostenibilidad y equidad.

Conclusiones

El conflicto armado ha generado impactos estructurales en la ruralidad colombiana, profundizando dinámicas históricas de exclusión, desigualdad y pobreza. A pesar de los esfuerzos institucionales por mitigar estas afectaciones, persisten barreras sustantivas para el goce efectivo de derechos en el campo. Además, las cifras recientes sobre pobreza monetaria y pobreza multidimensional reflejan la urgencia de políticas públicas integrales con enfoque territorial.

La reparación integral a las comunidades rurales implica no solo la restitución de tierras, sino también garantías reales de seguridad, inversión productiva, fortalecimiento organizativo y reconocimiento del campesinado como sujeto político. Sin justicia social en el campo, la paz seguirá siendo una promesa incumplida.

Referencias

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2013). ¡Basta ya! Colombia: memorias de guerra y dignidad. https://centrodememoriahistorica.gov.co/

Centro Nacional de Memoria Histórica. (2022). Cartografía del despojo y la violencia en el campo colombiano. CNMH.

Comisión de la Verdad. (2022). Hay futuro si hay verdad. Informe final. Tomo campesinado y ruralidad. https://comisiondelaverdad.co

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2024). Pobreza monetaria y multidimensional 2023. https://www.dane.gov.co

Departamento Nacional de Planeación (DNP). (2023). Evaluación de resultados de la política de restitución de tierras. https://www.dnp.gov.co

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). (2025). Boletín de emergencias humanitarias, primer semestre. https://www.gestiondelriesgo.gov.co

Unidad para las Víctimas. (2024). Registro Único de Víctimas – cifras oficiales marzo 2024. https://www.unidadvictimas.gov.co